El covid-19 tiene en el grupo de personas mayores de 65 años uno de sus colectivos de riesgo, tristemente las cifras de incidencia y, más aún, las de mortalidad así lo confirman.
Los medios de comunicación recogen diferentes titulares y testimonios de profesionales y familiares que ponen nombres y sentimientos a las estadísticas impersonales y que, en los casos más extremos aunque cada vez más frecuentes en los últimos días, reflejan una realidad que me provoca un abanico de sentimientos que oscilan entre la tristeza, el dolor, la frustracción y la indignación. Entre estas informaciones, resulta especialmente dramática la relativa a la situación residencial de las personas mayores con noticias que relatan un conteo de fallecimientos colectivos que impresiona por su número y por las condiciones en que parece tratarse la situación en algunos centros.
Ante esto, considero necesaria una reflexión desde la calma para analizar la información en toda su complejidad, más allá de las impactantes palabras de los titulares y de la obviedad de que, en algunos casos, se va a actuar desde la fiscalía. Sería injusto que no fuese así.
Para comenzar con la reflexión, considero necesario tener en cuenta la particularidad de los centros residenciales y de las personas que viven en ellos. Las políticas de atención gerontológica tienden actualmente a garantizar la atención de las necesidades sociosanitarias de las personas mayores en su domicilio, prestando diferentes servicios como los centros de día o la ayuda a domicilio. Las residencias suelen ser un recurso más específico para aquellos casos en que los servicios anteriores no puedan garantizar un apoyo adecuado por falta, por ejemplo, de red familiar o porque el nivel de dependencia requiera de una atención intensa y continuada que muchas familias no pueden asumir. En consecuencia, este nivel de dependencia hace que para muchas personas estos centros sean su espacio de vida, sin posibilidad de salir al exterior; por no hablar de las residencias ubicadas en lugares aislados o de difícil comunicación donde resulta complicado que estas personas puedan ser autónomas en sus salidas.
Por tanto, las relaciones interpersonales son intensas y frecuentes, lo que, desgraciadamente, beneficia a este covid-19 porque facilita una transmisión más rápida que en otros espacios. En esta facilidad de contagio también influye el perfil de persona mayor, especialmente en casos de pluripatologías, cuando su cuidado requiere de un constante contacto con profesionales (aseo, alimentación, vestido…) o cuando resulta difícil transmitirle a la persona las medidas básicas de higiene para evitar el contagio propio y ajeno. ¿Cómo le explicamos a una persona con deterioro cognitivo que es importante no tocarse la cara o toser poniendo el brazo en una determinada posición? ¿Cómo garantizamos que lo haga desde la responsabilidad del cuidado asumida por las y los profesionales?
La situación es ciertamente compleja, ya que las residencias se configuran como un microsistema de interacciones intensas y constantes y, en este contexto, las personas mayores resultan víctimas muy vulnerables y, por extensión, también quienes les cuidan.
Pero este microsistema, que ya era así antes de que apareciera el covid-19, parece haber permanecido oculto en las medidas de atención prioritaria tomadas por quienes tienen la responsabilidad de la salud pública. Sería interesante y necesario que alguien explicara por qué en estos casos no se han realizado tests de manera generalizada y sistemática a residentes y profesionales, teniendo en cuenta los factores de riesgo añadido para estas personas anteriormente explicados. Se hubiera podido evitar o, al menos reducir, esta cifra de fallecimientos detrás de la cual hay nombres y apellidos, familias, despedidas sin un abrazo de consuelo, en definitiva, dolor.
Y, a partir de aquí, me surge otra reflexión sobre las personas contagiadas, relacionada con el tratamiento diferencial que, a la luz de los hechos conocidos, parece haberse dado a estas personas por vivir en un domicilio colectivo y no en un domicilio particular.
Las residencias son también hogares y, aunque por el tipo de necesidades de las personas que forman parte de ellos, ofrecen también atención sanitaria, no son centros medicalizados al mismo nivel que los hospitales. Por lo tanto, en una situación como la actual, en la que hay centros con un elevado número de fallecimientos dentro de sus instalaciones —lo que significa que las personas contagiadas han seguido residiendo en ellas—, me pregunto si resulta adecuada la permanencia en este hogar. Dado que la población general es atendida en hospitales, sería interesante conocer la razón por la que estas personas no reciben la atención también en los centros sanitarios. Por otro lado, me pregunto si la atención ofrecida por las residencias es la adecuada en cuanto a dotación de recursos humanos y materiales-sanitarios, protocolos y formación específica para una situación de este calado. Si se está dejando en manos de la implicación y voluntad de quienes trabajan en ellas una actuación que debería liderarse y apoyarse desde las instituciones públicas como garantes de un cuidado digno. Y, en consecuencia, a quién (dentro o fuera de estos centros) compete la responsabilidad de ofrecer esta respuesta adecuada, digna y rápida, porque el covid-19 no para.
También es cierto que, a raíz de la visibilización de los casos más dramáticos, se han tomado algunas medidas como la desinfección de algunos centros; sin embargo, faltan otras muchas relacionadas con las pruebas diagnósticas y los recursos humanos y materiales. En cualquier caso, las que han llegado y las que pudieran tomarse llegan tarde para quienes se han contagiado y, especialmente, para quienes han fallecido.
Vistas algunas situaciones (falta de tests, mantenimiento de la persona en el centro…) y sus dramáticos resultados, me surgen otras dos preguntas para la reflexión final, ahora que tenemos tiempo de sobra, aunque sea por imperativo mayor.
1. En las medidas de atención tomadas —y, sobre todo, no tomadas o ejecutadas a destiempo—, ¿a quién se le ha olvidado que el derecho a un cuidado digno no caduca, ni merma a medida que avanza la edad?
2. Si se hubiera tratado de un grupo de riesgo más joven, desde las autoridades competentes, ¿se hubiera actuado igual?, ¿se hubiera llegado a esta situación o se hubiera actuado antes? Y como sociedad, ¿nos impactaría y nos movilizaría con la misma intensidad?
Es importante resolver ahora estas cuestiones pero, sobre todo, es importante desarrollar políticas de seguridad para personas mayores que garanticen su derecho a un cuidado digno, con o sin virus.
Mientras se buscan soluciones y se depuran responsabilidades, mi agradecimiento a las y los profesionales de residencias que cuidan con cariño y dignidad a las personas mayores. Y mi recuerdo a quienes se han quedado en el camino del covid-19 y a sus seres queridos.