Personas mayores: víctimas olvidadas

¿Existe un olvido social y científico de las personas mayores como víctimas del delito? Este perfil existe pero no resulta visible en toda la dimensión del fenómeno y lo que no se ve, a efectos sociales y jurídicos de denuncia y atención, no existe. Un círculo vicioso del que es necesario salir con rigor científico y medidas prácticas.

La combinación de los conceptos persona mayor y víctima ha sido hasta ahora poco frecuente, si exceptuamos el interés suscitado en los últimos años por el fenómeno de los malos tratos contra las personas mayores. Sin embargo, los datos —tanto estadísticas policiales como encuestas de victimización— evidencian que estas personas son también víctimas de otros delitos y que su victimización se está incrementando en comparación con otros grupos de edad.

Tradicionalmente, la atención a las personas mayores se ha centrado en la respuesta a las necesidades básicas (alimentación, higiene, salud física…) derivando en las últimas décadas hacia respuestas que superan la dimensión física de la persona y se orientan a otras de tipo psico-social, lúdico o jurídico (ocio, la salud emocional y social, derechos…). Precisamente, en relación con la cuestión de los derechos, ha ido adquiriendo relevancia el relativo al trato dado a estas personas (buen trato, mal trato) por parte de las redes formales e informales de atención, focalizándose el interés social e investigador en el fenómeno del maltrato contra las personas mayores, principalmente en el ámbito familiar.

En la investigación gerontológica sobre este fenómeno, y a pesar de que el maltrato es un tipo de delito, se han contemplado principalmente aspectos médicos, psicológicos y sociales en detrimento de otros de tipo criminológico.

Por su parte, la criminología, y en concreto la victimología, han priorizado el análisis de otro tipo de víctimas, tanto en el estudio del delito en general como en el caso específico del maltrato. A falta de investigaciones concluyentes sobre las razones de este olvido, mi experiencia profesional sobre los procesos de respuesta a los fenómenos sociales me hace pensar que este olvido es resultado de un cúmulo de razones derivadas fundamentalmente del escaso interés histórico por este grupo de edad y de su menor presencia en la sociedad como grupo de poder en comparación con otros colectivos. Así, otros perfiles de víctimas terminan resultando más interesantes —y, por lo tanto, más visibles, estudiados, atendidos y protegidos— por ejemplo, porque tienen más capacidad de configurarse como grupo de presión o porque sus victimizaciones crean más alarma social.

Sin embargo, como he señalado anteriormente, diferentes estadísticas y encuestas reflejan un incremento de la victimización de las personas mayores de 65 años, tanto en España como en otros países. Además, los cambios en sus estilos de vida hacen de este grupo de edad un objetivo de interés para nuevas victimizaciones asociadas, precisamente, a esos nuevos hábitos (mayor presencia en espacios públicos, mayor uso del ciberespacio…). Asimismo, también es necesario tener en cuenta la cuestión numérica: es el grupo de edad con mayor crecimiento en la pirámide poblacional, lo que incidirá también en su mayor probabilidad de victimización como colectivo. A estas razones hay que añadir una que me parece fundamental para justificar la necesidad de sacar a estas personas de este olvido: su derecho de ciudadanía, que les equipara, o debería de equipararles, al resto de víctimas —independientemente, en este caso, de su edad— en materia de estudio, atención y protección.

Por todo lo anterior, y a pesar de los avances, considero necesario continuar investigando este fenómeno desde el enfoque integrador de la Gerontocriminología, siguiendo las recomendaciones de diferentes investigaciones que señalan la necesidad de analizar específicamente la victimización de las personas mayores. Conocerlo es el primer paso para visibilizarlo — pues lo que no se ve socialmente, no existe y no se atiende— y para establecer las medidas oportunas de prevención y, en su caso, de intervención, con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas mayores y, en consecuencia, su calidad de vida.